Por Raúl Zibechi
La formación del primer gobierno autónomo indígena del Perú, el domingo 29 de noviembre en la comunidad Soledad del distrito de Río Santiago, en la amazónica provincia Condorcanqui, es el fruto de una larga historia de frustraciones y luchas. Ese día 300 representantes de 85 comunidades wampis instalaron su autogobierno como forma de defender 1,3 millones de hectáreas de bosques de las multinacionales extractivas.
Eligieron el primer presidente del gobierno territorial autónomo y a los 80 miembros de su parlamento, que se instalará en febrero. El período Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco, adelantó la noticia en su edición de julio señalando: “El apelar a la autonomía como forma de solucionar los problemas es algo novedoso en el país, pero está presente en varias nacionalidades indígenas de otros países. Esperemos que este sea el inicio de una nueva forma de actuar de nuestro movimientos sociales”.
El antecedente inmediato de la instalación del gobierno autónomo fue la Cumbre Wampis sobre Territorio Integral y Gobernanza Autónoma celebrada el 29 y 30 de junio pasado en la comunidad Nueva Alegría, donde se reunieron 120 representantes de las comunidades cercanas a los ríos Morona y Santiago, en el norte del Perú cerca de la frontera con Ecuador. En el encuentro se debatió la situación interna del pueblo wampis, se aprobó el Estatuto Autonómico del Gobierno Territorial de la Nación Wampis, se designó a comisión para la constitución del gobierno y se presentó el proyecto de corredor biológico en su territorio.
El documento de nueve páginas es el tradicional texto de los pueblos indígenas, donde debajo de las tres páginas de redacción aparecen otras seis repletas de firmas, sellos y hasta huellas que rubrican lo acordado, comunidad por comunidad, cumpliendo el ritual de las grandes decisiones. Es una muestra de la democracia de abajo.
En la primera parte, el documento titulado “Acta de Validación de Estatuto Autónomo del Gobierno Territorial de la Nación Wampis”, analiza las debilidades en las comunidades y organizaciones, destaca la amenaza que representa para el pueblo la presencia de empresas petroleras, mineras y madereras, y defiende la unión para “hacer valer nuestros derechos ante el Estado y ante el sector privado”. El Estatuto aprobado consta de 61 artículos y tres disposiciones transitorias cuyos contenidos fueron ampliados durante el debate, mientras algunos fueron suprimidos.
Entre los acuerdos figura el rechazo al ingreso inconsulto de las empresas extractivas, “no permitir que sigan surgiendo más organizaciones indígenas ya que estamos preparando para instalar una estructura propia de gobierno”. Este apartado se justifica en la afirmación de la soberanía y la autodeterminación frente a la injerencia del Estado, la cooperación internacional y las ONGs que suelen fomentar la formación de organizaciones fuera del control de las comunidades, para debilitar el proyecto de nación indígena.
Finalmente, el encuentro fijó las fechas del 28 y 29 de noviembre para instalar el gobierno autónomo, como efectivamente se hizo.
El antecedente lejano implica remontarse a la década de 1970 cuando se conformó el Consejo Aguaruna Huambisa integrado por awajún y wampis (nombres en lengua de estas comunidades guerreras), hacia 1977, que significó un profundo cambio en la historia de los pueblos. A la primera Asamblea General acudieron los representantes de las comunidades provenientes de los ríos Cenepa, Nieva, Marañón y Santiago.
Fue la primera ocasión en que ambos pueblos superaron su rivalidad histórica para enfrentar amenazas externas. Luego vendría un largo período de resistencias más o menos abiertas, más o menos implícitas, como han vivido tantos pueblos originarios de este continente.
El 5 de junio de 2009 se produjo una masacre contra los pueblos awajún y wampi que se venían movilizando contra decretos del gobierno de Alan García que entregaban sus riquezas en el marco del TLC con Estados Unidos. El gobierno envió a la fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. Tres helicópteros MI-17 sobrevolaron la carretera que une la selva con el Pacífico en la Curva del Diablo, que estaba ocupada por unos cinco mil awajún y wampis. Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que también dispararon metralletas) mientras policías arremetieron en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles.
La población de Bagua salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Decenas de indígenas fueron muertos por los soldados y una cantidad aún no determinada fueron desaparecidos. Varios policías fueron muertos por los indígenas. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), calificó las demandas indígenas de “caprichos”.
La decisión de formar su autogobierno puede ser un paso decisivo para las luchas populares del Perú. En el caso de los wampis parece el corolario de un largo camino en el que fueron comprendiendo que nada pueden esperar de los de arriba.
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