Las Cuotas de Capturas concentraron en unas pocas empresas un negocio pesquero de 1.500 millones de dólares anuales, dejando a cientos de industriales sin acceso directo al recurso. La consigna del “modelo Moreno” de que “los que importen, exporten”, agregó nuevos exportadores de productos que ya estaban siendo exportados, intermediarios de gran poder económico y capacidad de monopolizar los negocios del mundo asiático, reduciendo la renta al empresario pesquero. A esto se sumará -como en los granos (Cargill, ADM, Bunge y Dreyfus)- la aparición de las “grandes operadoras de commodities” para subordinar en un par de ellas, todo el comercio pesquero nacional. El mundo necesita de proteínas, y China, que ya tiene -al menos- unos ochenta buques en el Atlántico Sur, viene por los recursos pesqueros nacionales. ¿Alguna duda de ello? Unos 300 buques extranjeros extraen del mar argentino y adyacente, unos dos mil millones de dólares anuales en productos pesqueros, que en el comercio final representan catorce mil millones de dólares/año. Sí la Argentina, no produce un cambio de 180° en la política pesquera, su industria y empleo estarán en serias dificultades. Se requiere entonces del dictado de una nueva ley que profundice el control del recurso y establezca nuevas reglas en la explotación y el comercio.
Nuevas reglas que pongan eje en: 1) ocupar y controlar el Atlántico Sur con buques de bandera nacional; 2) administrar el recurso del Estado y distribuirlo equitativamente; 3) asegurar la sustentabilidad del recurso y con ello la actividad y el empleo; 4) establecer Mercados Nacionales de Concentración y Mercados Mayoristas en los grandes centros internacionales para mejorar la competitividad y el acceso directo a las PYMES; 5) promover una investigación autónoma para garantizar la independencia del poder político de turno; 6) duplicar el consumo nacional de pescado, para mejorar la dieta nacional, generar valor agregado y mano de obra argentina.
Todo argentino debe tener acceso a los recursos pesqueros para su transformación; y derecho a éstos, para su consumo, a la par de asegurarse la sustentabilidad. Aumentar la participación en la captura de la pesca costera y artesanal; asegurar la disponibilidad del recurso a la industria y en especial, a las PYME y Cooperativas de Trabajo. La calificación de “actividad industrial” no admite el comercio de especies sin valor agregado.
Más allá del dominio y jurisdicción de la nación y las provincias sobre los recursos; tratándose de un ecosistema debe asegurarse una administración coordinada y eficiente. La creación de la Secretaría de Pesca y una integración más participativa en el Consejo Pesquero para promover la industria, comercio y consumo nacional.
Promover Proyectos que procesen y ocupen mano de obra argentina en tierra; que agreguen valor a las capturas y que incorporen buques nacionales al mar argentino. La excepcionalidad por la existencia de excedentes (si a pesar de todo los hubiese) limitada al procesamiento en tierra del 100% de las capturas obtenidas.
La depredación del recurso y la contaminación del medio deben declararse de “Lesa Humanidad”. Es vital erradicar la captura de juveniles; asegurar idénticos volúmenes de captura y desembarco; erradicar los descartes en el mar, etc. Se requieren Capturas y desembarcos controlados. No es posible depredar un recurso de tercera generación. En su caso, compensar con un precio de referencia la captura de especies no comerciales.
Denunciar en forma permanente a todo Estado, cuyos buques pesquen en el área adyacente al mar argentino los recursos migratorios o asociados, y a los que capturan en la Z.E.E. con licencias británicas. Adherir al régimen establecido por la Unión Europea para eliminar la pesca ilegal (INDNR); a la par de no autorizar operaciones en la Argentina de asociados de quienes exploten el recurso en el Atlántico Sur sin habilitación nacional; entre otras medidas económicas, políticas e impositivas, para desalentar la captura extranjera de recursos naturales del país; en contraposición con la política de la actual Subsecretaria de Pesca que autoriza la pesca con buques chinos.
El Estado es el administrador del recurso de todos los argentinos y quién debe fijar las políticas. Por lo tanto, quién otorga las Cuotas de Captura; que deben dejar de ser transferibles en forma permanente (ventas) o transitorias (alquiler) entre las empresas.
La investigación pesquera debe declararse de “Interés Nacional”, de modo de jerarquizar la actividad y destacar la investigación Argentina en el Atlántico Sur; dándole plena Autonomía a un nuevo Instituto de Investigación (INIDEP). Una investigación independiente conducida por un Consejo de Administración con representantes de todos los actores del sector y con fondos suficientes para financiar la actividad de investigación, el desarrollo tecnológico y la acuicultura. Las medidas para preservar el recurso, judicialmente irrecurribles.
Las exportaciones pesqueras deben estar exentas de retenciones, al igual que la primera venta exenta del IVA; pero el comercio debe transparentarse a través de Mercados Concentradores. El incremento del consumo nacional es impostergable por razones sanitarias, debiendo reducirse al 11% el IVA a la venta de estos productos. El establecimiento de Mercados Mayoristas en los grandes centros internacionales de consumo mejorará la competitividad y evitará el riesgo de concentración en unas pocas “operadoras de commodities”.
El Fondo Nacional Pesquero debería destinar un 20% a la administración del recurso; un 25% al sostenimiento de la investigación del INIDEP; un 20% al control de la seguridad del mar y la pesca; un 20% a la promoción del mercado interno y consumo nacional de Pescado; un 10% a la promoción de las exportaciones y un 5% a la capacitación de los agentes de la actividad; es decir, devolver al sector en servicios concretos sus aportes.
Encomendar al Poder Ejecutivo la presentación de enmiendas a la CONVEMAR para proteger las especies argentinas; declarar el Estado de Emergencia Pesquera y contra la Contaminación Marina; denunciar los Acuerdo de Madrid a la luz de la probada ineficacia de la “fórmula del Paraguas” que ha permitido la sostenida y creciente ocupación del Reino Unido en el mar argentino; y solicitar el inmediato cese de las capturas y el resarcimiento económico por éstas, en base a las Resoluciones 3171 (XXVIII) y la 3336 (XXIX) de las Naciones Unidas.
La Pesca no mide para la macroeconomía nacional; pero hay gente atrás, y un espacio territorial y marítimo ocupado en la vasta geografía nacional. Y allí Malvinas y los kelpers, viviendo del recurso pesquero argentino.
La investigación, explotación, distribución, comercialización y control del mar deben establecerse en una nueva Ley Nacional de Pesca que garantice la sustentabilidad biológica, ambiental, económica, social, cultural y ética; dando certezas a los inversores, sustento a los trabajadores y control a los administradores.
Dr. César Augusto Lerena
Julio 31 de 2014.-
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