El despojo del tramo final del río Atuel en la zona inmediata a la cabecera norte de la Patagonia argentina, fue cometido hace casi un siglo por la provincia de Mendoza, perjudicando a su vecina, La Pampa. Ha provocado una catástrofe ecológica, económica y cultural en un territorio de más de 30 mil km cuadrados. El escándalo revela el drama de quienes carecen del “oro azul”, en un planeta con el 70% de su superficie ocupada por agua, cuyo 97,5% es salada y, desde luego, no apta para la gente, la agricultura y la ganadería. El caso se relaciona con el derecho humano al agua potable consagrado por Naciones Unidas en 2010.
El flagrante desvió del río Atuel llevado a cabo por la provincia de Mendoza se concretó mediante un expolio de baja intensidad a lo largo de varias décadas, cuyo último caudal entró en La Pampa hace 65 años. La falta de irrigación ocasionada es un ejemplo de la desertificación por voluntad humana que ha secado una suerte de Mesopotamia en los inhospitalarios confines pampeanopatagónicos. Lentamente fue acabando con los humedales del Atuel en esa provincia, que habían constituido un oasis para las etnias autóctonas (tehuelches y mapuches) y para las corrientes criollas y migratorias extranjeras que posteriormente transitaron y poblaron las orillas del complejo fluvial. La tragedia por la privación del agua natural que brindaba la naturaleza por conducto del Atuel, se consumó tras la Conquista del Desierto en 1879, con la ocupación militar de La Pampa y la Patagonia, que selló el exterminio y el desplazamiento de los indios.
El saqueo del citado río en La Pampa engendró la desaparición de especies animales y vegetales, y el deterioro demográfico, verificado en la emigración de su población hacia lugares más prósperos. Para colmo la región se caracteriza por escasas lluvias, del orden de los 350 mm anuales de media, que agravan las consecuentes sequías debidas al secuestro del río aguas arriba. La involución del paisaje físico aumentó con el crecimiento y avance de los médanos por los frecuentes y violentos vientos del sudoeste, generando las condiciones para la propagación de bosques xerófilos en las antiguas áreas húmedas.
Cabe recordar que el río Atuel nace en la alta cordillera de los Andes y atraviesa transversalmente la provincia de Mendoza. Originalmente penetraba después 170 km en la provincia de La Pampa; regaba un inmenso humedal de casi 300 kilómetros de largo por un ancho variable, generalmente superior a 10 km, algo así como un quinto de la superficie de Bélgica, para hacerse una idea comparativa.
La sustracción de los caudales del Atuel se operó en distintos lugares y fechas, según las cartas geográficas de la época, preferentemente entre 1917 y 1947, lapso en que La Pampa tenía la condición política de “territorio nacional”, no contaba con gobierno propio, dependiendo de las autoridades centrales de Buenos Aires, al tiempo que Mendoza corría con la ventaja de ser un Estado Federal y como tal regimentaba y administraba sus bienes naturales y disponía de un presupuesto.
Como antecedente previo, valga evocar que en 1808, el río Diamante, un afluente que le aportaba al Atuel un caudal similar al que llevaba éste, fue desviado hacia el oriente por el Comandante Tellis Meneses, del fuerte de San Rafael, a fin de aliviar unas “travesías” desérticas entre el centro de la provincia de San Luis y las poblaciones precordilleranas de Mendoza. A continuación, tres cortes resueltos por el poder humano le cambiaron el destino al Atuel.
El primero sucedió en 1918 en “Paso del Loro”, sur de Mendoza, a partir de supuestas disputas entre intereses políticos locales. Ese desvió hizo desaparecer el brazo principal de los cinco que entraban en La Pampa, llamado Atuel Viejo. En segundo aconteció en 1937 cuando se construyeron los “Tapones de Ugalde”, que prácticamente extinguieron otro de los brazos que irrumpían en La Pampa, el Arroyo Butaló. El hecho despertó reacciones hostiles de los pobladores aguas abajo, sin que se revirtiera nada. El tercero sobrevino en 1947, con la construcción por decisión nacional del dique El Nihuil, el cual embalsa y redistribuye las aguas en exclusivo beneficio del riego mendocino, dejando secos a los pampeanos.
En 1948 un policía motivado por tantas injusticias le envió una carta al Presidente Juan Domingo Perón. La misiva se internó en la vía administrativa, que laudó provisoriamente una entrega anual de 27,5 Hm3 de agua del Atuel, para bebida de la población y el ganado de La Pampa, y para utilidad de sus praderas, represas y lagunas, recomendado a su vez realizar estudios que determinaran definitivamente el caudal que debía atribuirse de forma permanente a La Pampa. Esos 27,5 Hm3 representaban, apenas, un 2,6% del derrame anual del Atuel, que es de unos 1.050 Hm3. Mendoza se opuso y se autoproclamó dueña del río Atuel. Pretendió que nacía y moría en su provincia. Las sueltas jamás se realizaron.
Tras muchos años de tratativas inconducentes, La Pampa litigó contra Mendoza ante Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal emitió un fallo en 1987. Definió al Atuel como interprovincial y ordenó “que se regule la utilización en forma compartida”, tendiente “a una participación razonable y equitativa en los usos futuros” del río, cuyos términos específicos continúan brillando por su ausencia, manteniendo el condicionamiento impuesto por Mendoza. En 2008 el gobierno nacional avaló un convenio entre las dos provincias, fijando una asignación de aguas a La Pampa, para lo cual debía construirse un canal de 130 km, que nunca se hizo. Mendoza finalizó diciendo que no se podía y la negociación se estancó, un desafío para la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, árbitro en el cumplimiento del convenio, asignatura pendiente en su actual segundo mandato al frente de la República.
Estas tribulaciones de un siglo por la apropiación indebida de un cauce mayor de agua dulce como el río Atuel, traslucen los estragos por la penuria de aprovisionamiento hídrico fluvial en tierras que, por el tiempo transcurrido y la acción de los vientos sobre ambientes desérticos, crean microclimas arenosos, trasportan dunas, y someten a la población al desamparo. Los sufrimientos multiplican las dificultades para luchar contra el adverso y cruel medio ambiente pese a la existencia de recursos técnicos y financieros para remediarlo.
La prueba del daño infligido a La Pampa surge de la comparación de su noroeste con el sur mendocino. Ambos espacios, servidos por el Atuel, comenzaron a poblarse simultáneamente y en 1910 tenían unos 4000 habitantes cada uno, con diferencias mínimas de dos centenares de personas. En el censo del año 2000, los pampeanos mantuvieron la misma cifra. En cambio los mendocinos treparon a 170 mil habitantes.
En agosto de 2012 el Tribunal Latinoamericano del Agua con sede en Costa Rica sesionó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y emitió un dictamen dándole la razón a La Pampa. Desde entonces los vecinos de varias localidades pampeanas esporádicamente cortan las rutas y reiteran las reivindicaciones alrededor del Atuel, pero estas movilizaciones no conmueven la incapacidad de la República para resolver el conflicto. Los damnificados podrían seguramente interponer un reclamo ante un organismo del sistema de Naciones Unidas, hasta que se haga realidad el sueño de muchos militantes ecologistas, es decir la fundación de un tribunal equivalente a la Corte Penal Internacional (CPI) en el plano de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Es evidente que las batallas contra los desastres y las inclemencias de la desertificación por mano del hombre que usurpan agua dulce a sus semejantes, no son del futuro, sacuden el presente. Hoy en el mundo hay 800 millones de seres humanos que no tienen ese “oro azul”, y otros 2500 millones están faltos de un disfrute de servicios básicos con instalaciones sanitarias adecuadas. Quienes defecan al aire libre superan los mil millones, gesto que ayuda a propagar enfermedades, causa de 7500 muertes diarias.
Para ocuparse que los 193 Estados del planeta garanticen a sus habitantes el usufructo del agua potable y el saneamiento, es competente la experta independiente portuguesa Catarina de Albuquerque, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En tal contexto, resultan significativas las denuncias por la confiscación y privatización del agua ventiladas en la película, También la lluvia, de Icíar Bollaín, debatida en el Festival de Films y Foro Internacional sobre Derechos Humanos, celebrado recientemente en Ginebra.
Todos los Estados de Naciones Unidas asumieron la responsabilidad, en los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, de alcanzar en 2015 un abastecimiento completo de agua potable al conjunto sus habitantes. Sin embargo, hacia la frontera de La Pampa con Mendoza, en un polvoriento y lejano paraje del Cono Sur, la impunidad se ha amparado de la historia, postrando las densidades poblacionales entre las más bajas del país y, a veces, hasta del mundo.
@juangasparini, Ginebra, 16 de marzo de 2013.www.plazademayo.com
Tabla orientativa de magnitudes hídricas
El m3/s (metro cúbico por segundo) sirve para medir el caudal de una corriente en un punto.
Un m3 equivale a 1.000 (mil) litros.
El caudal medio de un río es la suma del promedio de todas las mediciones diarias dividido por los días del año.
El Paraná tiene un caudal medio de unos 14.000 m3/s; el Amazonas 120.000 m3/s; el Negro de Argentina 980 m3/s; el Atuel 32, 5 m3/s.
El derrame total de un río es la cifra de agua que vierte en su desembocadura al cabo de un año el que, obviamente, es variable. Para no referirse a cifras tan grandes se mide en Hm/3 (un cubo teórico de 100x100x100 m), vale decir un millón de m3, o mil millones de litros.
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Cartografía utilizada
Basada en las cartas oficiales argentinas del Instituto Geográfico Nacional e imágenes del programa Google Earth.
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