La familia Mendoza asegura ser dueña de las tierras que ocupa esta comunidad, que a su vez se ampara en los derechos indígenas para no ser desalojados. Un fiscal emitiría la orden de desalojo.
Hace algunos días, la Comunidad Cueva del Inca de la localidad de Tilcara, volvió a vivir situaciones de violencia ya que viene enfrentando desde hace mucho tiempo originados por la disputa de unas tierras ubicadas en ese departamento de la provincia de Jujuy.
Esta comunidad denuncia recibir presiones, persecuciones, agravios, insultos y malos tratos cometidos por los integrantes de la familia Mendoza, quienes aseguran ser dueños de las tierras donde habitan la Comunidad Cueva del Inca en Villa Florida.
En este espacio territorial viven más de 150 familias quienes son descendientes originarios y habitan el lugar, muchos de ellos son productores agrícolas o se dedican a la cría de ganado para consumo familiar, otros subsisten con la venta de artesanías o algún empleo informal.
Ante ésta difícil situación se suma el constante conflicto que viene enfrentando desde hace años, y se intensificó cuando la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO en el año 2003, lo que motivó el incremento del valor inmobiliario. Desde entonces pueblos originarios que vivían con cierta tranquilidad, empezaron a vivir situaciones de confrontación, ya que aparecieron “nuevos dueños” de propiedades, aparentemente con papeles, generando peleas, confrontaciones violentas y malos tratos.
Hace días atrás, nuevamente hubo situaciones de enfrentamiento, ya que ésta familia no permitió que integrantes de la comunidad construyeran o amplíen sus viviendas, se fue generando una situación constante de confrontación. La familia Mendoza asegura ser dueña desde lo que es la Quebrada de Huichaira hasta el acceso al Puente de Juella aproximadamente, dentro del departamento de Tilcara, a lo que le llaman Finca Cortadera.
Por otro lado, la Comunidad Cueva del Inca asegura ser testigo de cómo la familia Mendoza ya fue “vendiendo tierras” dentro del territorio de la comunidad a bajo costo y de manera irregular.
José Uriarte, integrante de la comunidad aborigen “Cueva del Inca”, manifestó a Radio 2 que “haciendo uso de la posesión de su territorio, nuestra comunidad, Cueva del Inca, que ya está reconocida por los organismos de derechos humanos y por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como perteneciente al territorio, estaba realizando una limpieza del terreno. A raíz de esto, esta gente que dice ser dueña de estas tierras fue a hacer una denuncia, tratándonos como si fuéramos invasores y consiguieron por parte del juez Maldonado una orden de desalojo”.
“Es por eso que ayer a las 18 se acercó el ayudante de fiscal, Paredes, intimándonos a que en tres horas nos retiremos del lugar. Las familias de la comunidad nos reunimos en asamblea y decidimos defender nuestro territorio, no abandonar nuestras cosas y permanecer en el lugar”, indicó.
Asimismo, Uriarte relató que “a partir de ahí se suscitaron una serie de gestiones por parte de los abogados, incluso a esta hora, de autoridades de la Nación, del INAI y organismos de derechos humanos y están informándole al juez que existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación que prohíbe cualquier tipo de desalojo a comunidades, por más tendencia que exista a favor de otra parte, informándole que está violando la Constitución y que de ninguna manera puede ordenar un desalojo”.
“El apoyo de los organismos de derechos humanos y del INAI ha sido muy bueno, así como también del pueblo de Tilcara y de Humahuaca, que tiene muy frescos los últimos acontecimientos”, sostuvo.
Además, el representante de “Cueva del Inca” denunció que “nos está llegando información que estos testaferros, de apellido Mendoza están armando un grupo de choque, amenazando con que si la Policía no va a desalojar, ellos van a ir y van a entrar por la fuerza a sacar a la gente, lamentablemente contando con la pasividad de la gente de Tilcara, hasta el día de la fecha (la Policía) siempre ha estado protegiendo a los Mendoza y acercándose a la comunidad para decirles ‘váyanse porque sino va a haber problemas’. Repudiamos la actitud de la Policía y en vez de ser neutros, se ponen del lado del terrateniente”.
Más de 100 familias aborígenes habitan allí
En tanto, Uriarte recordó que “la comunidad tiene posesión ancestral (de las tierras), las familias más antiguas tienen títulos de propiedad del año 1948, donde se establece que están dentro de terrenos fiscales. Por eso ahora esta gente, aprovechando el ‘Patrimonio de la Humanidad’ y que los precios de los terrenos han subido al 100 por ciento, ahora los reclaman con el único fin de venderlos y hacer dinero”.
“No puede haber un diálogo cuando estos señores se presentan argumentando el Código Civil anacrónico que tenemos que establece la propiedad privada y en ningún momento reconoce los derechos de las comunidades. La propiedad comunitaria de las tierras, el convenio 169, la reforma de la Constitución y todo lo que hace el INAI está totalmente ignorado”, dijo.
“El conflicto viene desde el año 2007, es la tercer orden de desalojo que vive la comunidad, por suerte las dos anteriores fueron paradas. Pero siempre hay un nuevo juez o una nueva denuncia que no saben de derechos indígenas y actúan en contra de las comunidades”.
“La comunidad ‘Cueva del Inca’ tiene alrededor de 100 familias. Nosotros, dentro de nuestro ordenamiento territorial, habíamos dispuesto una zona para darles a las nuevas familias de la comunidad que lo necesitan, es una forma de ejercicio de los derechos comunitarios sobre nuestro territorio”, puntualizó el representante comunitario.
Actuaciones prevencionales
Por su parte, el fiscal Maldonado que entiende en este caso, dio detalles de lo ocurrido en los últimos días al señalar que “la Fiscalía Nº 5 está de turno en este momento y hace dos días hemos recibido una denuncia del señor Mendoza que acredita la propiedad de las tierras en Tilcara con la documentación correspondiente, dando cuenta de que ya hubo varios intentos de usurpación por parte de esta comunidad que datan de otros años y que también ya se habían emitido otras órdenes de desalojo”.
“Lo único que está haciendo esta fiscalía son actuaciones prevencionales o informativas a establecer si hay o no un delito. Lo que se hizo fue remitir un pedido que hizo esta fiscalía la Comisaría Seccional 14 de la jurisdicción a fines de hagan un relevamiento del lugar a fines de constatar quiénes ocupan el predio. En el caso de que hubiera ocupantes sin ningún título ni derecho se les requerirá que se retiren del lugar y también a los fines de evitar una imputación”, subrayó.
“Tengo entendido que hay gente que está haciendo allí algunas construcciones. El denunciante presentó algunas fotografías donde se ve a gente trabajando que se identifican como gente de la comunidad aborigen. En agosto ya hubo un inconveniente con esta gente, donde hubo una mediación y el presidente de esta comunidad reconoce que él es un usurpador y que no se van a retirar de allí, pero ese es tema de otra fiscalía; lo que me compete a mí es lo que ha sucedido en estos días y que se está investigando”, agregó.
Ley y títulos de 1948
Sobre los títulos de propiedad que la comunidad “Cueva del Inca” asegura poseer, Maldonado expresó que “a mí no me constan la existencia de esos títulos, lo que me consta es que en la Dirección Provincial de Inmuebles, estas tierras figuran a nombre de una persona determinada, quien se presenta a denunciar haciendo valer sus derechos de propiedad”.
“Ellos dicen que es la tercera vez que sufren desalojos, por lo tanto ellos deberían presentar la documentación que dicen tener, sin embargo hasta ahora no lo han hecho”, finalizó.
Fuente:
jujuyalmomento.com
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