miércoles, 23 de noviembre de 2011

El gobierno de Zamora subestima gravemente la dignidad de campesinos



El asesinato de Cristian Ferreira en manos de un sicario del empresario Jorge Ciccioli en el Departamento Copo, Santiago del Estero, permitió ver con claridad la situación real de cientos de familias campesinas (pertenezcan orgánicamente o no al Mocase) que sufren el avance de la frontera agropecuaria de la mano de los agronegocios alentados políticamente por un modelo exportador extractivo de materias primas y recursos naturales. Pero también permite ver cómo opera, tanto en los hechos como en el discurso, el gobierno provincial ante situaciones de este tipo.

Cuando el asesinato no pudo ser ocultado más en medio de las páginas de policiales como un crimen a raíz de un enfrentamiento o pelea entre lugareños porque la difusión de medios nacionales que hablaban de la muerte de un militante del Mocase obligó a los medios hegemónicos de la provincia a hacerse eco, el gobierno de la provincia sale anunciando "medidas claves para resolver conflictos por las tierras". Como primera medida se anuncia la suspensión del desmonte por 180 días (21/11/11 – 21/05/12). En su comunicado el Mocase había expresado que "… Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien AUTORIZO desmonte en un lugar donde viven familias campesinas e indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian…".

Es de destacar que la Dirección de Bosques, a cargo del Ing. Publio Araujo, efectivamente avaló planes de desmonte, que en los hechos implicaba también el desalojo de campesinos, aún en zonas ubicadas dentro de la Categoría I o Roja, pudiéndose citar, por ejemplo:

1.   La Paloma, donde el empresario Damasco Canal Feijoo usurpó los campos de Chañar Pozo (Tunas Puquita), Quebracho Pozo, Lote 1 y San José violentando la posesión de las familias campesinas y colocando un cartel que reza:

"PROYECTO: Plan de manejo sustentable, aprovechamiento de bosque nativo, conjugado con actividad silvopastoril, sostenible y sustentable para aprovechamiento ganadero.

FONDO NACIONAL para el Enriquecimiento y la conservación de los Bosques Nativos.
Ley 26.331.
Presidencia de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Jefatura de Ministros.
Presidencia de la Nación.
Expediente nº 18/14- 0- 2010
Dirección General de Bosques
Damasco Canal Feijoo.
Ingeniero Forestal: Casar L. Bissaco.mat nº 92.329
Proyecto y dirección: Juan Tula Peralta. Matricula nº 91.706."

2.     Paraje Gramilla, en el departamento Avellaneda, comunidad indígena perteneciente al pueblo Tonokoté, donde otro empresario, Osvaldo Montes, oriundo de Córdoba, tras colocar un cartel similar al de La Paloma, destruyó las posesiones de las familias que ancestralmente habitan ese territorio.

3.    Codo y Toro Uman, en el departamento Atamisqui, comunidad indígena perteneciente al pueblo Diaguita Cacano, ubicada en el cordón boscoso de El Alto, categorizado como Rojo (no puede realizarse desmonte ni ninguna otra actividad) donde la empresa Genética del Este ingresó al territorio, destruyó posesiones y lugares sagrados de la comunidad, con un plan de desmonte autorizado por la Dirección de Bosques.

En todos los casos la responsabilidad directa recae sobre esta repartición a cargo de Araujo, quien en lugar de actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Bosques, permitió el desmonte y premió a los empresarios haciéndolos beneficiarios de los subsidios de la Nación destinados a la protección de los bosques nativos. Esta misma Dirección, contra quienes las comunidades presentaron ante la justicia local un Amparo por Mora Administrativa, por negarse a hacer cumplir la Ley, sería a quien el gobierno provincial confiaría que se cumpla con el Decreto que por seis meses prohíbe el desmonte.

La segunda medida gubernamental es parte del paisaje político provincial; inauguradas las Mesas de Diálogo haya por la presidencia de Duhalde bajo el control de la Iglesia, en plena crisis, continuada en nuestra provincia por la intervención federal de Lanusse y, aprovechadas por el gobierno de Zamora, mesas, comisiones, comités, observatorios, etc. han proliferado en relación a la problemática campesina sin lograr los objetivos que en distintas oportunidades tan pomposamente se anunciaban. Ahora se anuncia una nueva comisión integrada por la policía (brazo armado que garantizó la "seguridad jurídica" de los empresarios en desalojos y detenciones violentas seguidas de tortura de campesinos e indígenas), la antes citada Dirección de Bosques, el Comité de Emergencia (creado en el calor de otra "Mesa", la de la Tierra y la Producción, allá por el 2006, en otro año pico de la expansión de la frontera agropecuaria).

La tercera medida, que las organizaciones campesinas sean recibidas por el Superior Tribunal de Justicia en audiencia, una formalidad sobre la que el ejecutivo de Zamora nada más pudo decir ya que siempre se ha caracterizado por su "alto respeto a la división de poderes".

Ninguna medida que tenga que ver con el freno a los desalojos de campesinos de sus tierras (podrá decirse que eso le corresponde al poder legislativo y al judicial); pero si está al alcance de este ejecutivo que se intervenga la Dirección de Bosques para realizar una investigación interna, y que se suspenda a su actual director, Publio Araujo.

Hoy el gobernador Zamora vuelve al discurso de los medios locales del día miércoles 16 y jueves 17: "… Fue un hecho entre dos vecinos de la zona…".

Lic. Reinaldo Ledesma
DNI 16.017.382
Puridor Diaguita Cacano

Fuente:  Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas de la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano