Las organizaciones sociales abajo firmantes en conjunto con el Frente Parlamentario contra el Hambre repudiamos los intentos de desalojo violento perpetrados contra la familia Riera en Hickmann, provincia de Salta y la comunidad de Newen Twain Kom en Ñorquinco, provincia de Río Negro. En ambos casos la connivencia entre los que denuncian supuestas usurpaciones y el poder político y judicial se hace evidente.
Ambos casos tienen una característica común: el uso indiscriminado de la violencia, tanto institucional como parapolicial y la criminalización de aquellos a los que no les queda más que resistir con sus cuerpos como único escudo frente a la violencia institucionalizada.
Alfredo Riera es presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño e integrante del Foro Nacional de Agricultura Familiar. El pasado miércoles 5 de octubre, un grupo de civiles encapuchados y armados -aproximadamente 25 personas de las cuales 3 eran policías retirados- ingresaron en las 200 has que posee la familia Riera. Una vez adentro, incendiaron las instalaciones ganaderas, destruyeron el pozo de agua, el rancho e incendiaron el alambrado de la tierra. Estos hechos se realizaron ante la presencia del Oficial de Justicia el Sr. Aguirre, enviado por el Juzgado de la Dra. Ana Maria Feudis quien no medió ninguna documentación u oficio que avalara el accionar de la destrucción de la propiedad de la familia Riera y a pesar de que los mismos tuvieran pruebas fehacientes de habitar esas tierras desde hace mas de 60 años.
Un hecho más, en este caso en la provincia de Salta, que prueba el comportamiento de las instituciones provinciales como si se tratara de un feudo y no de una provincia democrática, en donde lejos de las actuaciones conforme a derecho, priman las viejas prácticas de la última dictadura militar para amedrentar a aquellos que se organizan y luchan.
En este caso el Consejo Asesor Indígena (CAI) denunció el pasado 15 de setiembre el ingreso de un desconocido armado que dijo ser vocero de los intereses de Mohan (estanciero rionegrino), con disparos de arma de fuego intentó permanecer en territorio de la comunidad originaria Newen Twain Kom (NTK). Al fracasar su intento de permanecer por la fuerza, el 27 de setiembre este mismo personero denunció a dos miembros de la NTK ante el juez Gaimaro Pozzi por presuntas amenazas asegurando que unpeñi le disparó con arma de fuego a su camioneta. Así, el juez penal libró la orden de allanamiento, requisa de armas, desalojo y toma de posesión del territorio mapuche, transformando una supuesta amenaza a la integridad física de un extraño en el artilugio para que finalmente Mohana usurpe parte del territorio de la mano del aparato del Estado de Río Negro.
Ambos casos prueban que a la hora de defender los intereses de los terratenientes se cercenan los derechos de aquellos que han trabajado la tierra durante años en un caso y ancestralmente en el otro. Y que la connivencia de los estados provinciales es tal, que la mayoría de los ciudadanos no tienen capacidad de hacerse escuchar. En estos casos, tuvimos la posibilidad de tomar conocimiento de estas aberraciones. Pero la mayoría de las veces estos desalojos se realizan de forma silenciosa y violenta y las familias deben abandonar sus tierras dejando atrás su hogar, su trabajo y su historia de vida.
Nuevamente se hacen presentes las "bondades" de un "modelo" que despoja, desmonta y sacraliza el derecho de propiedad por sobre el derecho a vida y la dignidad de los seres humanos. Hoy somos testigos de un proceso de avance sobre absolutamente todo el territorio nacional de un modelo de agronegocio que excluye. El uso de la violencia tiene un fin claro y preciso: amedrentar y quebrar física y moralmente a todos aquellos que reclaman por lo que les pertenece. Nuevamente el miedo y el escarnio son los mecanismos utilizados para acallar las voces que se levantan reclamando por el derecho a vivir y trabajar la tierra en la que nacieron ellos, sus padres y sus abuelos.
En tal sentido, organizaciones sociales, ONG's, diputados y diputadas, senadores y senadoras de la Nación entendemos que nuestro rol es alertar sobre toda forma de violencia indiscriminada que atente contra el derecho humano a la vida que tutelan todas las convenciones y tratados internacionales que nuestro país ha suscripto. Creemos que el repudio a estos hechos son necesarios para visibilizar una guerra silenciosa que vienen librando miles de campesinos, pequeños productores y pueblos originarios frente al capital nacional y trasnacional que en su voracidad por alimentar el agronegocio, deja vacías las bocas de millones de niños en nuestro país cuyas familias se ven impedidas de garantizarles el sustento.
Seguimos peleando por la defensa de la soberanía alimentaria y popular, por la no criminalización de la protesta y por la reforma agraria integral y un país donde se priorice la agricultura familiar, el autoconsumo popular y los intereses del pueblo frente a los intereses de las transnacionales y el agronegocio.
Pedido de Adhesiones
Pablo Goldring
Equipo Parlamentario
Diputada Nacional Liliana Parada
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