MOVIMIENTOS SOCIALES Y DD.HH. REPUDIAN HECHOS DE VIOLENCIA EN JUJUY
Movimientos sociales y de derechos humanos repudiaron hoy los hechos de violencia que causaron ayer cuatro muertos, durante un desalojo de tierras pertenecientes al Ingenio Ledesma en la localidad jujeña de Libertados General San Martín.
La entidad Abuelas de Plaza de Mayo recordó que este episodio se produjo "a pocos días de conmemorarse el 35° aniversario de `La noche del apagón`, cuando la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, aportó camiones e instalaciones para el secuestro y la tortura de cientos de trabajadores y militantes, de los cuales treinta continúan desaparecidos".
"Nos llama la atención esta brutal respuesta contra más de setecientas familias que reclamaban tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional", añadió la entidad.
El Movimiento Evita sumó al repudio la exigencia de una investigación que establezca "las responsabilidades materiales e intelectuales", incluidas las de la empresa Ledesma.
"Reafirmamos la no represión de la protesta social, que desde el 2003 a esta parte ha sido política de Estado de nuestro Gobierno Nacional", agregó la organización en un comunicado.
También el Frente de Organizaciones Independientes jujeñas, conformado por una docena de agrupaciones, condenó "la brutal represión con balas de plomo y el asesinato alevoso de cuatro personas, tres trabajadores, entre ellos integrantes de la Corriente Clasista y Combativa, junto a un joven policía".
"En los hechos intervinieron policías uniformados, de civil y encargados de la seguridad privada de la empresa Ledesma", que "codirigieron la represión", aseguró el nucleamiento.
En parecidos términos se pronunció el sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducido por el estatal Pablo Micheli, que participaba hoy junto a otras organizaciones sociales y políticas en una "jornada nacional de protesta y lucha".
Por su parte, el titular de la CTA, el docente Hugo Yasky, exigió que "se terminen estos hechos" porque "enrarecen el clima político".
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó su solidaridad "con el pueblo jujeño, con los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos", y señaló: "no podremos estar en paz si no son juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes".
A su vez, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) liderada por Luis D`Elía sostuvo que "la defensa de la propiedad privada de los Blaquier (la familia propietaria del ingenio Ledesma) no merece que se derrame ni una sola gota de sangre argentina".
En un comunicado, también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó la intervención del Estado nacional "para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de violencia".
Organismos de derechos humanos de Córdoba manifestaron un repudio similar mediante un comunicado firmado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Presos Políticos Córdoba e H.I.J.O.S.
"Acompañamos a los sectores organizados de la provincia que rechazan la represión como respuesta a los conflictos sociales", apuntó el documento conjunto y señaló que "el escenario de los hechos, en un predio que pertenece a la familia Blaquier, propietarios del monopolio Ledesma, (...) arrastra la más oscura de las historias en la Provincia de Jujuy".
La entidad Abuelas de Plaza de Mayo recordó que este episodio se produjo "a pocos días de conmemorarse el 35° aniversario de `La noche del apagón`, cuando la empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, aportó camiones e instalaciones para el secuestro y la tortura de cientos de trabajadores y militantes, de los cuales treinta continúan desaparecidos".
"Nos llama la atención esta brutal respuesta contra más de setecientas familias que reclamaban tierras, dado que la represión nunca ha sido una política promovida por el gobierno nacional", añadió la entidad.
El Movimiento Evita sumó al repudio la exigencia de una investigación que establezca "las responsabilidades materiales e intelectuales", incluidas las de la empresa Ledesma.
"Reafirmamos la no represión de la protesta social, que desde el 2003 a esta parte ha sido política de Estado de nuestro Gobierno Nacional", agregó la organización en un comunicado.
También el Frente de Organizaciones Independientes jujeñas, conformado por una docena de agrupaciones, condenó "la brutal represión con balas de plomo y el asesinato alevoso de cuatro personas, tres trabajadores, entre ellos integrantes de la Corriente Clasista y Combativa, junto a un joven policía".
"En los hechos intervinieron policías uniformados, de civil y encargados de la seguridad privada de la empresa Ledesma", que "codirigieron la represión", aseguró el nucleamiento.
En parecidos términos se pronunció el sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducido por el estatal Pablo Micheli, que participaba hoy junto a otras organizaciones sociales y políticas en una "jornada nacional de protesta y lucha".
Por su parte, el titular de la CTA, el docente Hugo Yasky, exigió que "se terminen estos hechos" porque "enrarecen el clima político".
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) expresó su solidaridad "con el pueblo jujeño, con los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos", y señaló: "no podremos estar en paz si no son juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes".
A su vez, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) liderada por Luis D`Elía sostuvo que "la defensa de la propiedad privada de los Blaquier (la familia propietaria del ingenio Ledesma) no merece que se derrame ni una sola gota de sangre argentina".
En un comunicado, también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó la intervención del Estado nacional "para garantizar que no se produzcan nuevos hechos de violencia".
Organismos de derechos humanos de Córdoba manifestaron un repudio similar mediante un comunicado firmado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Presos Políticos Córdoba e H.I.J.O.S.
"Acompañamos a los sectores organizados de la provincia que rechazan la represión como respuesta a los conflictos sociales", apuntó el documento conjunto y señaló que "el escenario de los hechos, en un predio que pertenece a la familia Blaquier, propietarios del monopolio Ledesma, (...) arrastra la más oscura de las historias en la Provincia de Jujuy".
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