jueves, 31 de julio de 2014

MAPUCHES SE ENCADENAN PARA RESISTIR DESALOJO DE SUS TIERRAS


CONTINÚA LA TENSIÓN ANTE DESALOJO MAPUCE, SE ENCADENAN PARA RESISTIR.

Continúa la tensión en el lof Kaxipayiñ (Loma La Lata, paraje Tratayén) tras que el Fiscal Pablo Vignaroli ORDENARA EL DESALOJO DEL CAMINO INTERNO DE LA COMUNIDAD POR PEDIDO DE UNA PETROLERA! 


Ante esto el Lof Kaxipayiñ acompañado por las demás comunidades de la Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuce, ha decidido resistir el desalojo y encadenarse a la barrera para que deje de lotearse y venderse su territorio.

Esto ha generado movilización en el Pueblo Mapuce en otras zonales y en organizaciones solidarias que ya se preparan para ir a respaldar y a acompañar al Lof hasta el lugar.
Desde las primeras horas del lunes la comunidad Kaxipayiñ se encuentra en un camino interno de su territorio, en el acceso a la zona denominada Istmo de Loma La Lata, que es el lugar que une a los Lagos Barreales y Lago Mari Menuko.

Recordamos que este conflicto ha sido generado por el Gobierno de la Provincia de Neuquén quién inconsultamente y de manera ilegal ha entregado la zona del Itsmo al Colegio de Profesionales de Neuquén. Sin ningún conocimiento e información de nuestras autoridades y comunidad se anuncia la construcción de una esta mega obra llamada “mini ciudad”.

http://www.rionegro.com.ar/diario/toma-forma-una-miniciudad-turistica-en-el-istmo-mari-menuco-2925971-9701-nota.aspx

La comunidad tomo conocimiento realizando junto a Provincia y Nación, el Relevamiento Técnico Jurídico Antropológico de nuestro Territorio Comunitarios.
Esta porción de nuestro territorio ya estaba incluido en compromisos previos que el Gobierno de Neuquén ya había asumido, tal el acuerdo logrado con el Ministro de Energía Guillermo Coco en el último conflicto cuando la provincia le regalo tierras de nuestra comunidad a la central térmica Pampa Energía y nos prometió devolvernos legalmente este espacio que hoy pretenden ocupar.

Desde el Gobierno de la Provincia no se ha respondido a los constantes llamados al diálogo que ha hecho la comunidad. Se han limitado a promover la judicialización de la situación y esperar la represión. Pero no se asume la responsabilidad de haber generado este conflicto. No ha aparecido hasta el momento ningún responsable del Gobierno a dar la cara de esta situación que una vez más demuestra el desmanejo que hay de la tierra en esta Provincia.

ANTE ESTO REAFIRMAMOS: SEGUIMOS FIRMES EN EL RESGUARDO DE NUESTRO TERRITORIO! PERMANECEREMOS Y RESISTIREMOS CUALQUIER INTENTO VIOLENTO DE DESALOJARNOS!

Por territorio, Justicia y Libertad!
Marici wew!!! Diez veces venceremos!!!


CONTACTO: 0299 156 275 292 Gabriel Cherqui Werken

miércoles, 30 de julio de 2014

DD.HH. La Corte Interamericana revoca fallos "antiterroristas" en Chile.



Corte IDH ordenó a Chile anular condenas contra comuneros mapuche por terrorismo

Tribunal condenó a Chile por violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, entre otras cosas.

"El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales para dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas", indica la resolución.
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete integrantes del pueblo mapuche y una activista, informó el organismo.

"El Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas", indicó el fallo publicado este martes por la Corte, con sede en Costa Rica.

Los mapuche condenados por terrorismo a partir de 2003, en el marco de un conflicto por tierras, son Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la activista Patricia Troncoso Robles.

Fuente: Cooperartiva.cl


domingo, 27 de julio de 2014

Cae minera en Guatemala frente a reclamo de comunidad originaria maya


En conferencia de prensa el Consejo Maya Sipakapense dio a conocer la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil sobre un amparo interpuesto en contra de la licencia minera en territorio sipakapense denominada "Los Chocoyos", acción promovida por el Consejo Maya Sipakapense.

El pasado 27 de marzo del presente año, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Constituida en el Tribunal de Amparo, de la ciudad de Guatemala resolvió otorgar amparo a favor del Consejo Maya Sipakapense, del pueblo de Sipacapa, contra la licencia de minería de metales “Los Chocoyos”, propiedad de la empresa Entre Mares de Guatemala, Sociedad Anónima.

Antecedentes: En el año 2012 el estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, autorizó la licencia minera “Los Chocoyos”, con la intención de explotar minerales preciosos en la superficie otorgada. Tiempo después la empresa comienza a desarrollar trabajos en territorio Sipakapense, incluso utilizando tácticas disuasivas y coercitivas para su implementación.

Acción de amparo: Ante dicha autorización, el Consejo Maya Sipakapense (instancia maya Sipakapense referente para la defensa del territorio y la promoción de los derechos de pueblos indígenas en el municipio de Sipacapa), observando y conociendo los perjuicios sociales y, consecuencias ambientales que genera este tipo de industrias, así como el robo, saqueo y despojo de las cuales son víctimas las comunidades indígenas, disponen con fecha 11 de diciembre interponer recurso legal de amparo contra el Estado Guatemalteco por la licencia minera “los chocoyos”, argumentado la violación del derecho de Consulta regulada en el convenio 169 de la OIT.

Resolución: Con fecha 27 de marzo del presente año, la instancia conocedora del caso, OTORGA EL AMPARO al Consejo Maya Sipakapense del municipio de Sipacapa,en contra del Director General de Minería. Tal como lo establece la resolución, el amparo se otorga la finalidad que sea respetado el derecho de consulta del pueblo Maya Sipakapense.


Valoraciones y Consecuencias de la resolución:


1. El Estado de Guatemala reconoce la forma propia de organizarse de las comunidades indígenas, manifestado ahora, en el Consejo Maya Sipakapense, como instancia representativa para la defensa del territorio en Pueblo Maya Sipakapense;

2. Toda actividad iniciada por la empresa minera en territorio Sipakapense debe suspenderse en tanto no sea respetado el derecho de consulta a pueblos indígenas regulado en el Convenio 169 de la -OIT-;

3. El Ministerio de Energía y Minas debe tomar en cuenta el derecho de consulta que gozan los pueblos indígenas, antes de autorizar licencias mineras;

4. Por ser una resolución dictada por un órgano judicial: tanto la municipalidad de Sipacapa; las autoridades departamentales (gobernación departamental); e, instancias de gobierno, deben simplemente, acatarla.

Consulta de 2005: Es de recordar que el pueblo Sipakapense ha desarrollado ya Consulta Comunitaria, ahora los resultados de aquel hecho histórico deben hacerse llegar al Ministerio de Energía y Minas y de esa cuenta cumplir con lo establecido en la resolución judicial.

Terceros interesados: Cabe mencionar la postura de la Procuraduría de Derechos Humanos, y del Ministerio Público en este caso, como terceros interesados, que dan un buen jalón de orejas al estado recordándole que previo a la autorización de este tipo de licencias, debe respetarse el derecho de consulta, regulado en el Convenio 169 de la OIT. Postura que acuerpa lo ya exigido por el Consejo Maya Sipakapense del municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos.

Consejo Maya Sipakapense.

Consejo del Pueblo Maya –CPO-

sábado, 26 de julio de 2014

VACA MUERTA: El Fracking carece del consentimiento de las comunidades Mapuche.



Pérez Esquivel manifestó su preocupación por comunidad mapuche en Vaca Muerta

“Lamentamos que a través del acuerdo con Chevron, se declare como área productiva el territorio de una comunidad mapuche, en este caso el Lof Campo Maripe, que fue concesionado sin su consentimiento”

Señala el Premio Nobel de la Paz en una carta enviada a Miguel Galuccio, CEO de YPF.


Foto cortesía de Daryl Hannah


martes, 22 de julio de 2014

Todos los 25 marchamos contra MONSANTO




El 25 de Junio del 2014, desde las 17hs, se iniciaron las marchas de: "TODOS LOS 25 HASTA QUE SE VAYA MONSANTO"Y LOS QUE NEGOCIAN CON AGROTOXICOS, para evitar los agrotóxicos en los alimentos, el agua y el agro. Nunca más dando espacio a los organismos o alimentos transgénicos en la región. Desde el Congreso y hasta donde se Decida.

El objetivo o causa a corto plazo es:

1- Frenar el patentamiento de semilla. Ley cual no tiene sentido y daría lugar a apropiarse de la VIDA, dejando en manos de las corporaciones la producción y distribución de las mismas. MATANDO al intercambio y la producción agroecológica.

2- Evitar la instalación de fábricas o técnicas de manipulado de semillas transgénicas, sobre lo cual no hay estudios fiables y va en contra de la Constitución.

3- Evitar la intoxicación que generan, por un lado los transgénicos, pero lo peor...

4- los agro-tóxicos que es igual a decir: VENENO o ARMA QUÍMICA que es el otro lado que si mata! seguro.

Estos últimos son causales de la muerte de 220 mil personas al año, en el mundo y de la contaminación directa de 3 millones de personas más. Lo cual es una catástrofe humanitaria, ECOlógica y destruye todas las ECOnomías. Pero hay algo que no vemos, o que sólo si nos tomamos el tiempo para mirar cada paquete, descubriríamos. Y es, que el 70% de los productos que llevamos en un changuito del super; contienen soja o derivados de ella; es decir producto de una semilla transgénica, fumigada y secada también a base de agrotóxicos. De manera que prácticamente todo lo que consumimos contiene soja transgénica, y es que nuestro campo ya hace años que solo produce soja; porque es rentable exportarla a china para engordar chanchos o se destina a la producción de bioetanol (un combustible que vendría a salvarnos del decrecimiento en la producción de petróleo).

Si bien estamos lejos de los pueblos fumigados, son cada día mas notorias las consecuencias de este modelo de producción en estas poblaciones, incremento de los casos de cáncer, alto índice de abortos espontáneos, nacimiento con mal formaciones, afecciones dérmicas; son algunas de las graves consecuencias ocultas por la academia y los medios de comunicación; quienes también tienen altos intereses en juego.

Las empresas agro industriales dependen de los agrotóxicos y con ellos nos contaminan de forma oral, aérea y dérmica. Estas compañías se dedican a manejar los recursos básicos de alimentación y subsistencia no se andan con vueltas, están acá y los necios trabajan para estas. Los negocios y las políticas no atienden nuestros beneficios, aliás, favorecen a empresas corporativas y monopólicas-asesinas. Las personas que consumen y cultivan autogestivamente, son las víctimas, entre otras.

Ahora es hora...

...otra vez, disculpá el atrevimiento, pero esto nos corresponde a todos. El objetivo es juntar miles de personas, el 25 de cada mes, hasta obtener un sistema legal que priorice la soberania alimentaria, la de los recursos (humanos y materiales) y así la soberanía economica.

Todo lo que se intenta hacer es, y está, abierto a propuestas y críticas, pero por sobre todas las cosas a las adehesiones. Porque creemos que la única forma de conseguir tener un futuro es adeherir/activamente en el presente, como lo hacen las personas: abogados, profesores, científicos, agricultores y dueñas de casa, estudiantes y obreros, que colaboran con esta marcha y los que comprendimos que el alimento es la base de todo lo demás, SIN ALIMENTO Y AGUA: -NO HAY VIDA-.

Nota: LOS LOGOS Y EMBLEMAS personales o grupales, NUNCA SON MÁS GRANDES QUE LA CAUSA QUE NOS CONVOCA. Sean imagenes banderas etc., De este modo buscamos respetarnos entre las personas y conciliar las fuerzas y el respeto al objetivo/causa que es la marcha como herramienta.

En una ciudad, que TODO EL PAÍS VE POR TELEVSIÓN y REUNE LAS FUERZAS POLITICAS Y ESTRUCTURALES PARA FRENAR ESTE GENOCIDIO ANTICIPADO, hagamos lo imposible por sumarnos. LUEGO DE LA SOBERANIA: -HAY VIDA-. 

Todos los interesados en que se lea el mensaje de adhesión tenga a bien contactar por los siguientes medios:

CONTACTOS:

-Celular +54 11 15498 2802 Julián ;
-email : hastaquesevayamonsanto@gmail.com noamonsantoarg@gmail.com
-facebook: todos los 25 hasta que se vaya monsanto
-twitter: @noamonsanto

Links sobre la convocatoria y la marcha:


-facebook: https://www.facebook.com/pages/Todos-los-25-hasta-que-se-vaya-Monsanto/709720865724834?fref=ts
-twitter : @noamonsanto
-videos: https://www.youtube.com/watch?v=KjFkQchAv6E
-músicas sobre el tema:


lunes, 7 de julio de 2014

TRASNACIONALES: La consultividad como Derecho Humano.




El pasado 26 de junio 20 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) votaron a favor de una histórica resolución para crear un Tratado Internacional que obligue a las empresas transnacionales (ETN) a responder por las violaciones de derechos humanos de las que sean responsables. Este paso -a la espera aún de que se concrete en una norma vinculante- supone la ruptura de la deriva que estaba tomando la comunidad internacional hacia la voluntariedad en el cumplimiento de los derechos humanos por parte de estos sujetos privados globales.

Para los pueblos indígenas, uno de los sectores más afectados por la actuación de las grandes corporaciones, la existencia de un Tratado de estas características supondría un avance considerable en la exigencia de sus derechos, especialmente los que tienen que ver con sus territorios y sus bienes naturales.

¿El fin de la voluntariedad para las transnacionales?

Como recuerda el Documento para la Consulta Global "Ideas y Propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales", la comunidad internacional "ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las ETN en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a pesar de la gravedad de las actividades transgresoras de dichos derechos que éstas realizan con total impunidad".

Uno de los últimos intentos en este sentido se produjo en 1998, cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos adoptó una resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la actividad y los métodos de trabajo de las empresas trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Dicho grupo elaboró un proyecto de regulación para las ETN que, aunque fue aprobado por la Subcomisión en 2003, fue finalmente rechazado por la Comisión de Derechos Humanos en 2005. En lugar de avanzar en su desarrollo -y ante una enorme presión por parte de las grandes corporaciones- se aprobó finalmente una resolución que derivó en la creación de un Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas: John Ruggie.

Ruggie fue el autor de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. Posteriormente, la Secretaría General de la ONU se encargó de recordar que de los Principios Rectores "no se deriva ninguna nueva obligación jurídica", además de reiterar su carácter no vinculante.

Sin embargo, en 2013, una Declaración liderada por Ecuador, suscrita también por el Grupo Africano, el Grupo de Países Árabes, Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Perú, recoge las preocupaciones de los países del Sur global respecto a las flagrantes violaciones de los derechos humanos provocadas por las operaciones de las ETN que, en varios países, han dado lugar a graves afectaciones a comunidades y poblaciones locales, incluidos diferentes pueblos indígenas. En dicha declaración se afirma que "los Principios Rectores no tendrán ninguna consecuencia efectiva a menos que se cree un marco basado en instrumentos legalmente vinculantes para que puedan regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales".

Todo ello se concretó, durante la reciente celebración de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (junio de 2014), en la propuesta presentada por Ecuador y Sudáfrica para "la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas que protegen los derechos humanos", que fue finalmente aprobada con 20 votos a favor y 14 en contra (votaron en contra EEUU y los países de la UE, es decir, los estados donde las principales ETN tienen sus casas matrices).

Este paso hubiese sido imposible sin la presión de los movimientos sociales de todo el mundo, que se coordinaron para demandar la creación de un instrumento de esta naturaleza. Efectivamente, la Treaty Alliance consiguió involucrar a más de 610 organizaciones de 95 países y considera la decisión adoptada como una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los pueblos, si bien recuerda que seguirá siendo necesaria la movilización social global para lograr la aprobación del Tratado.

Implicaciones para los pueblos indígenas

Los derechos indígenas han experimentado durante los últimos años una dinámica aparentemente contradictoria. Por un lado, ha aumentado de manera plausible su reconocimiento en el plano internacional, primero con el Convenio 169 de la OIT, y más recientemente, con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el año 2007. Pero por otro, y tal y como ha reconocido el Relator de las Naciones Unidas James Anaya, las violaciones de derechos continúan produciéndose de manera sistemática en todo el mundo, siendo la presencia de las corporaciones transnacionales en los territorios indígenas una de las causas principales de las mismas.


Esta aseveración queda refrendada en el Mapa "La Tierra se defiende", elaborado por la CODPI, que recoge sólo en América Latina y tomando únicamente en cuenta el desempeño de empresas españolas, 22 casos de grave incumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta situación se da porque, como señala Juan Hernández Zubizarreta, existe "una ausencia de me­ca­nismos e instancias ade­cuadas pa­ra exigir la responsabilidad de las empresas transnacionales en el ámbito internacional, ya que los sistemas internacionales y regionales no están diseñados para recibir denuncias contra las empresas y, además, existe una falta de cumplimiento y ejecución de las decisiones de órganos regionales e internacionales".

La aprobación de un Tratado Internacional que obligue a las ETN tendría un efecto muy positivo para la realidad de los pueblos indígenas, en la medida en que identificaría a los principales sujetos de responsabilidades -las grandes corporaciones- y rompería con el actual marco, que hace depender cualquier actuación en defensa de los derechos indígenas en las instituciones públicas de los países en los que habitan estos pueblos. Hasta ahora, las empresas se escudaban en la no actuación de los Estados donde operaban, haciendo recaer en ellos toda la responsabilidad. Con un Tratado de esta naturaleza, la obligación de respetar los derechos humanos recaería directamente sobre ellas: estarían por tanto, sujetas por el Derecho Internacional de los derechos humanos -incluyendo los instrumentos que protegen los derechos indígenas- y obligadas a su cumplimiento.

No obstante, buena parte del impacto depende de que se logre garantizar este carácter vinculante, es decir, que se establezcan los mecanismos pertinentes para que los sujetos privados respeten la normativa aprobada. Para ello, la Treaty Alliance propone que el futuro Tratado no sólo obligue a los Estados a vigilar y regular las operaciones de las empresas y negocios bajo su jurisdicción, inclusive cuando éstas actúen fuera del territorio nacional (extraterritorialidad de la normativa), sino también que se establezca un mecanismo internacional de vigilancia y rendición de cuentas.

Pasos que únicamente se darán si somos capaces de movilizarnos y presionar globalmente.